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Viernes 27 de agosto de 2021

En 2012 y 2014: Las otras dos acusaciones que Diego Ancalao enfrentó por documentos y firmas falsas

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Su candidatura presidencial fue rechazada por el Servel por presentar más de 23 mil firmas validadas por una notaría inexistente desde 2018 y de un notario muerto.

El Servicio Electoral (Servel) confirmó este jueves que las candidaturas presidenciales de los independientes Diego Ancalao y Gino Lorenzini fueron rechazadas.

Sobre la situación de Ancalao, el organismo indicó que su rechazo fue “por unanimidad  por no presentar la cifra de 33.369 patrocinios válidos de su candidatura”, añadiendo que presentó 23.361 firmas ante un notario fallecido a principios de este año y cuya notaría habría cerrado el 2018.

Además, el Consejo Directivo del Servel informó que denunciarán este hecho ante el Ministerio Público para determinar si puede revestir un delito contenido en la ley electoral y el Código Penal.

Sin embargo, según consignó La Tercera, esta no es primera vez que Ancalao enfrenta acusaciones de este tipo. “El primero de ellos ocurrió en 2012 con una mujer que recibió una herencia, siendo imputado de usar documentos falsos“, señala el medio citado.

“Dos años después (...) el Consejo de Defensa del Estado se querelló en su contra por fraude al fisco. El caso involucró a la Contraloría General de La República y la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena”, añade la publicación.

Según el medio, el primer episodio se remonta al momento en que “Lilian Muñoz presentó una querella en su contra por la falsificación de una escritura pública de compraventa otorgada en la notaría de Temuco de Héctor Basualto Bustamante”.

En la querella, la mujer aseguró que el documento “transfirió dolosamente a terceros un inmueble de mi propiedad falsificando mi firma y fingiéndose mi comparecencia”. El Ministerio Público condenó a Manuel Ambrosio Altamirano Quintana, quien se desempeñaba como funcionario de la notaría Basualto al momento del otorgamiento de la escritura.

Sobre el segundo caso, el medio citado señala que “el 2 de noviembre de 2006 se celebró un contrato de préstamos entre el Estado de Chile y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), denominado Programa Orígenes, II Fase”.

La Tercera detalla que este proyecto fue autorizado por el Ministerio de Hacienda y el acuerdo estableció que su ejecución estaría a cargo de la Conadi. Durante ese proceso, el 30 de mayo del 2008, el Coordinador Regional del Programa Orígenes de la Región de La Araucanía, Jorge Eduardo Roa y Ancalao, en su calidad de representante legal de la consultora IDEAR, acordaron un contrato de prestación de servicios como proveedor de asistencia técnica.

Sin embargo, durante la ejecución del contrato, “diversos miembros de la comunidad Ralún Coyán denunciaron en varias ocasiones que la empresa cambiaba a los profesionales, siendo ahora otros los técnicos que llegaban a esos lugares”.

A raíz de esto, el Consejo de Defensa del Estado acusó a Ancalao de usar “documentos falsificados a través de los cuales ha pretendido dar una apariencia de veracidad a actuaciones y servicios que nunca prestaron en favor de las comunidades indígenas afectadas”.

El CDE se querelló contra Ancalao y Roa por fraude al fisco, tras el incumplimiento de prestaciones que nunca se realizaron, "ocasionando una pérdida o perjuicio a dicha institución pública, la que ha debido pagar por servicios inexistentes".

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